El Gobierno de Aznar concedió a Spanair parte de la explotación de la nueva terminal de Barajas, en contra de lo que recomendaban los informes técnicos. Iberia denunció entonces un presunto "trato de favor" del que era ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos.
Curiosamente Cascos asistía con gastos pagados a costosas cacerías en la finca “El Alamín”, esta finca toledana pertenecía precisamente a Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, dueños de Marsans-Spanair por aquel entonces.
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